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Exige senadora Adriana Dávila a PGR investigar a servidores públicos por presunto delito de trata de personas en buques de la empresa Oceanografía

Ciudad de México a 14  de Marzo (AMPRYT/CÍRCULO DIGITAL).-La senadora Adriana Dávila Fernández exigió a diversas dependencias del Gobierno federal proteger la integridad, seguridad física, derechos laborales y humanos de los trabajadores de la empresa Oceanografía, luego de la simulación y omisión en las que han incurrido por tener intereses estrictamente personales de quienes las dirigen, lo que ha derivado en la pérdida de empleo de miles de trabajadores y violaciones flagrantes a sus derechos humanos.

En conferencia de prensa, Dávila Fernández, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) verificar si existieron hechos constitutivos del delito de trata de personas y explotación en buques de dicha empresa, a partir de la intervención del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en 2016, de acuerdo con señalamientos de trabajadores que aseguran haber permanecido a bordo de las embarcaciones bajo amenazas.

Asimismo, pidió también a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llevar a cabo las inspecciones sobre las condiciones de trabajo que viven los trabajadores de la empresa Oceanografía, ya que estas son insalubres y peligrosas, como ha sido constatado por integrantes del Senado y Cámara de Diputados.

Además, dijo, el síndico nombrado por el SAE y por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles se abstuvieron de cubrir los salarios devengados a los trabajadores y los mantuvieron trabajando bajo condiciones que vulneran los derechos laborales.

La Senadora de la República, recordó que en febrero de 2014 el Banco Nacional de México (Banamex), hoy Citibanamex, informó de un fraude contra esa institución por casi 600 millones de dólares perpetrado en colusión con algunos de sus empleados y la empresa Oceanografía, proveedora de servicios marítimos para Petróleos Mexicanos.

En consecuencia, dijo, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación y aseguró sus bienes, incluyendo una flota de embarcaciones, la cual fue puesta a disposición del SAE para su administración.

Refirió que en esa administración, el SAE contrató a poco más 300 trabajadores entre capitanes, patrones y tripulación, con el objeto de cumplir con las regulaciones marítimas, atender a 21 embarcaciones en el puerto de Ciudad del Carmen, Campeche, darles el mantenimiento permanente que requieren, asegurar su operatividad, garantizar su seguridad y la de las instalaciones portuarias y petroleras de costa y mar adentro.

Sin embargo, las embarcaciones se deterioraron y no se tuvo el cuidado necesario para mantener dicha empresa en condiciones óptimas; además, la administración por parte de la autoridad federal fue deficiente, a tal grado que los trabajadores desarrollaban sus actividades en condiciones precarias, de extrema insalubridad e inseguridad; lo que ha generado hasta ahora una auténtica crisis humanitaria y de seguridad, señaló.

Por lo anterior, Dávila Fernández solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) coadyuvar en la liberación de los fondos que se encuentran en el Fideicomiso de Oceanografía, que tiene bloqueado el banco Citibanamex, lo que impide a los trabajadores de la empresa la reactivación de su fuente de empleo, después de que la empresa fue “intervenida a través de la maquinación de cargos penales que se han diluido”.

Asimismo, pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar las omisiones en las que han incurrido las autoridades encargadas de vigilar las condiciones del trabajo y pugnar por la seguridad de sus trabajadores, así como las irregularidades que cometieron distintas autoridades, con el propósito de intervenir la empresa a efecto de dejarla en un estado de necesidad que permitiera su venta a bajo precio.

Por último, exhortó a la Secretaría de Gobernación a que coordine las acciones que deberán desarrollar las instancias del Gobierno federal, con el fin de restituir los derechos vulnerados por la intervención deficiente del órgano encargado de administrar bienes asegurados, y de las áreas encargadas de velar por las condiciones y derechos laborales.

“Esto se ha reflejado en la situación en que viven no sólo los trabajadores de la empresa, sino la mayoría de la población de la isla de Ciudad del Carmen, Campeche, localidad en que se desarrollan las actividades de la empresa Oceanografía”, señaló.

 

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