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Instalan grupo de trabajo que dará seguimiento y evaluará uso de recursos a indígenas

Ciudad de México a 14 de Febrero (JUAN R. HERNÁNDEZ /MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-La Comisión de Asuntos Indígenas instaló el grupo de trabajo que dará seguimiento y evaluará el ejercicio del presupuesto del Anexo 10 “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas” del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, integrado por diputados y representantes de 15 dependencias federales.

Vitalico Cándido Coheto Martínez, presidente de la instancia legislativa, solicitó replantear los programas de desarrollo con la participación de los indígenas, para considerar su potencial, vocaciones, cultura y tradiciones, a fin de aprovechar de forma sustentable, en su beneficio, los recursos naturales de las zonas.

“El destino de los pueblos originarios no es la pobreza. Se requiere planear con ellos el desarrollo para que definan sus prioridades y sean copartícipes de las acciones, las evalúen y vigilen su aplicación e impacto, mediante estrategias transexenales”, apuntó.

A los representantes de las dependencias federales, presentes en la reunión de la Comisión, pidió “hacer posible lo imposible” y que los proyectos no sean una utopía, sino una realidad, en un ambiente de dignidad y respeto hacia los indígenas, a través de aplicar la creatividad de todos los sectores involucrados.

Propuso llevar a cabo un seminario para analizar la realidad de la planeación del desarrollo de este sector, a fin de optimizar los recursos que se aprobaron en apoyo a esta población.

Destacó la importancia de la estrategia transversal mediante las 15 dependencias públicas, con un presupuesto de 80 mil 844 millones de pesos, para atender a los 68 pueblos autóctonos, equivalentes a una población cercana a los 13 millones de mexicanos.

Sostuvo que, hasta ahora, la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI) “maneja políticas paternalistas y asistencialistas que no han acabado con la pobreza”, pese a tener un presupuesto cercano a los siete mil millones de pesos.

“Ese enfoque en las acciones cercenan el deseo de crecer y el talento indígena. Lo que necesitan estas comunidades son oportunidades de desarrollo mediante infraestructura como los caminos, que son detonadores para mejorar su calidad de vida”, señaló.

Solicitó a las instituciones gubernamentales solidarizarse con las causas indígenas y enfocar las acciones a sus necesidades sustantivas, porque su destino no es la pobreza, y deben enseñarles a generar sus satisfactores.

El reto es vencer la pobreza con una planeación a corto, mediano y largo plazo, para resolver sus problemas y atender la realidad que enfrentan, sin que se les exija el ingreso a Internet, para acceder a los programas de apoyo, ya que muchas comunidades carecen de electricidad y de tecnología.

El diputado del PAN, Joaquín Jesús Díaz Mena, pidió conocer la forma en que las oficinas públicas aplican la transversalidad de los recursos en beneficio de esta población. “Porque los diputados no estamos contentos con la manera en que se ha tratado a los indígenas en este gobierno. Tampoco ellos están contentos por la falta de atención y apoyo”.

Explicó que las obras para reconstruir albergues indígenas no se concluyen y no existe transparencia en la aplicación de recursos para caminos rurales. Resaltó la importancia de que el presupuesto transversal a comunidades originarias llegue de forma oportuna y se dé a conocer su aplicación. Pidió que “los funcionarios se pongan las pilas”.

El diputado Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, consideró que existe discriminación institucional hacia la población indígena, pues los programas de apoyo destinados a su impulso, más allá de generar desarrollo propician dependencia.

Llamó a vigilar la ejecución de los recursos durante los próximos meses del proceso electoral, ya que “muchas veces ese dinero termina en las campañas. Todas las dependencias deben tener especial cuidado para que no se coaccione el voto de esa población”.

Del PRI, el diputado Álvaro Rafael Rubio exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a mejorar los caminos, principalmente en Oaxaca, pues “no sabemos a dónde termina el recurso que desde aquí se etiqueta”.

Asimismo, estimó indispensable voltear a ver más a los pueblos indígenas. Sostuvo que existen buenos proyectos sustentables, pero se requiere asesoría para que avancen.

Julio César Córdova, coordinador general de la Oficina del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” (Sagarpa), expresó la disposición de la dependencia a apoyar todas las acciones para aplicar el presupuesto 2018 en beneficio de los indígenas.

En particular, dijo, a los pequeños propietarios, ya que el 80 por ciento de los recursos se destinan para impulsarlos, a fin de atender a la población más desprotegida y que menos tiene, plasmando sensibilidad social.

José Alberto Cortés Green, director general de Vinculación Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), manifestó el compromiso de llevar a cabo los once programas para proteger a los pueblos indígenas. “Se tiene la mejor disposición de colaborar y celebrar los convenios con los estados y las comunidades indígenas”.

A través de la Estrategia Nacional de Inclusión, la Sedesol se coordina con los tres niveles de gobierno, con la intención de convertir la política social en una estrategia de Estado, explicó.

Clemente Poon Hung, director general de Carreteras de la SCT, apuntó que los recursos que se tienen para el presente año se canalizarán a conservar caminos rurales, el Programa de Empleo Temporal y proyectos de construcción y remoción de carreteras alimentadoras.

Se busca trabajar conjuntamente y definir prioridades con las comunidades autóctonas, ya que son vitales para sacar la producción agrícola y ganadera.

Rosalinda Morales Garza, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), resaltó que hay esfuerzos inéditos en la perspectiva de inclusión y equidad para beneficio de los pueblos nativos.

“Existe rezago histórico, pero también hay progresividad en términos de asignación de recursos. Tenemos 22 programas en lenguas indígenas, que no se podrían hacer sin la participación de los hablantes de dichas lenguas”, comentó.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Marina Patricia Jiménez destacó la labor que realiza este organismo al promover los derechos de las comunidades originarias. “Es necesario impulsar de forma integral el desarrollo de esos lugares”.

“Hay que reconocerlos como sujetos de derecho, pues sólo de esa forma se podrá cerrar la brecha de desigualdad y erradicar la discriminación que padecen los pobladores nativos”, sostuvo.

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