Sin contrato, 90% de jornaleros agrícolas

Ciudad de México, 6 de abril de 2015 (Círculo Digital).- En 18 estados del país, 90 por ciento de los jornaleros agrícolas no cuentan con contrato de trabajo, son informales, y 60 por ciento de los más de 2 millones de ese tipo de trabajadores son indígenas provenientes de las entidades con mayor pobreza del país, como Guerrero y Oaxaca.

Según un informe de la Red de Jornaleros Internos, estos trabajadores padecen condiciones de vida infrahumanas; laboran 15 horas al día en promedio, casi el doble de la jornada permitida, y ocho de cada 10 no pueden acudir al médico en caso de enfermedades y accidentes, por no tener prestaciones ni seguridad social.

De 2007 a 2015 se ha documentado la muerte de al menos 40 niños en los campos agrícolas. Estos decesos se deben a que el trabajo infantil es endémico en estos campos y los menores sufren de accidentes laborales, atropellos, picaduras de insectos, desnutrición, partos prematuros y falta de atención médica, señala el documento.

La Red, integrada por el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales; Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Enlace, Comunicación y Capacitación, entre otros gremios, expone que desde Baja California, Sinaloa y Sonora, hasta Nayarit, se registran los casos de jornaleros que laboran en campos o fincas propiedad de empresas nacionales y extranjeras, y que son sometidos a condiciones de semiesclavitud, en ocasiones en contubernio con funcionarios  públicos.

La Encuesta Nacional de Jornaleros indica que del total de estos campesinos, 20 por ciento tienen menos de 18 años, es decir, más de 433 mil menores.  A la par de ello, mujeres, niñas, niños y adolescentes son los más vulnerables a consecuencia de la triple o cuádruple discriminación que padecen.

Así, 40 por ciento de las mujeres indígenas reciben un salario menor que sus compañeros y 34.7 declararon haber sido humilladas en su jornada laboral.

La organización rechazó el acto de represión en contra de los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín y propuso que junto con las representaciones sociales de los jornaleros y otros actores involucrados en el sector, se generen las políticas públicas necesarias para proteger y garantizar los derechos de estos trabajadores, se exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno atender y resolver estos problemas, así como la incorporación al Seguro Social de los campesinos. (Con información de La Jornada)

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