Senado pide investigar explotación de jornaleros agrícolas

Ciudad de México, 25 de marzo de 2015 (Círculo Digital).- Mediante un punto de acuerdo, el pleno del Senado exhortó a diversas instancias que se investigue y castigue a las empresas que sobreexplotaban y mantenían en condiciones inhumanas a trabajadores agrícolas, principalmente de comunidades indígenas, en campos de Baja California, Baja California Sur, Colima y Oaxaca.

En el punto de acuerdo, formulado con el consenso de los partidos políticos, se solicitó a las autoridades responsables de impartir justicia, inicien las investigaciones correspondientes y esclarezcan a la brevedad los hechos. En caso de existir delitos, que finquen las responsabilidades y sanciones respectivas.

En particular, se pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las procuradurías estatales, dar seguimiento a los acontecimientos que ocurren en el Valle de San Quintín, Baja California, a fin de vigilar el estricto cumplimiento de los derechos humanos de los jornaleros agrícolas.

También se acordó que en la próxima reunión de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, se informe sobre la situación de los jornaleros agrícolas y se exhorte a las procuradurías a distinguir el delito de explotación laboral en la demanda correspondiente.

Se solicitó al gobierno federal que inicie una investigación de las condiciones laborales en las que se encontraban los trabajadores rescatados y se informe al Senado de las sanciones impuestas a las empresas relacionadas.

También pidieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) iniciar los informes correspondientes sobre la violación de los derechos humanos de dichos trabajadores.

El punto de acuerdo promovido por el senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, exhortó además a la Secretaría del Trabajo del gobierno federal a responder las demandas de los jornaleros agrícolas y pidió un informe pormenorizado de las sanciones realizadas a las empresas y centros de trabajo donde haya detectado violaciones a los derechos laborales de los trabajadores.

Finalmente se pidió a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal ha llevar a cabo acciones y políticas públicas que eficiente el Programa de Atención a Jornaleros a fin de emprender la defensa y promoción de los derechos humanos y permita los apoyos económicos para la movilidad laboral y la capacitación productiva.

 

Los legisladores

En tribuna, el secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y senador del PRI, Manuel Humberto Cota Jiménez, se pronunció porque las autoridades sean más acuciosas en la vigilancia de los centros agrarios, para evitar abusos y condiciones denigrantes laborales, de derechos humanos y de grupos vulnerables.

“La escasa preparación educativa de estos jornaleros agrícolas y su pobreza ocasionan generalmente que sean víctimas de abuso por parte de los empleadores de mano de obra, quienes vulneran los derechos humanos y laborales de estas personas”, aseveró el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En su turno, el presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, Salvador López Brito, lamentó que la explotación de jornaleros agrícolas esté asociada con la necesidad de trabajar y en muchos casos, con la falta de oportunidades.

A los trabajadores les ofrecen algunas percepciones desde el punto de vista laboral y a la hora de estar en los lugares donde se encuentran los trabajos, no se los respetan, refirió el senador del Partido Acción Nacional (PAN).

Angélica de la Peña Gómez, senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, reprochó que con la sobreexplotación laboral se vulneren los derechos humanos de comunidades indígenas y campesinas de diversas partes del país.

En las últimas semanas la Secretaría del Trabajo rescató a más de 400 personas en condiciones de explotación, pertenecientes a grupos vulnerables, como las 203 trabajadoras costureras de una empresa coreana en Jalisco, 200 trabajadores rarámuris en el Valle de San Quintín, Baja California Sur y 49 mixtecos en Colima. (Con información de Milenio y Agencias)

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