Organización de contadores se desmarca en caso de “Panama Papers”

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de mayo, (ESFERA EMPRESARIAL / CÍRCULO DIGITAL).- El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) afirmó que hasta el momento ninguno de sus 22 mil socios ha sido señalado por el caso de “Papeles de Panamá”, pero no se descarta la participación del resto de estos profesionistas existentes en el país en este tipo de planeaciones fiscales.

La presidenta nacional del IMCP, Leticia Hervert Sáenz, dijo que para que un contribuyente lleve a cabo planeaciones fiscales agresivas para mover sus recursos o inversiones en “paraísos fiscales”, requiere necesariamente la asesoría de un especialista en materia fiscal.

“Por supuesto que tiene que haber un asesor fiscal, llámese contador, abogado, ingeniero, y todos los demás que tengan conocimiento del tema fiscal, y como en todas las profesiones hay contadores buenos y malos o abogados buenos y malos”, expuso en rueda de prensa.

No obstante, precisó, a nivel nacional hay más de un millón 500 mil contadores, de los cuales 22 mil son socios del IMCP, sobre los cuales garantizó que hasta el momento ninguno de ellos ha sido señalado o denunciado por la autoridad fiscal o contribuyentes de haber participado en los casos de los llamados “Papeles de Panamá”.

La dirigente de la contaduría pública organizada aclaró que no es delito que los contribuyentes tengan sus recursos en el extranjero o que un contador le preste sus servicios profesionales para llevar sus inversiones en los llamados “paraísos fiscales”.

El delito, explicó, es que este tipo de operaciones fiscales no se hagan de la manera en que está prevista en la Ley, es decir, que los contribuyentes no paguen los impuestos correspondientes en su país de origen.

“El tema no es la prestación del servicio profesional, sino que no haga la prestación del servicio basado en las leyes fiscales; un contribuyente puede tener su dinero donde quiera, abajo del colchón si quiere, pero siempre y cuando haya cumplido ya con sus obligaciones fiscales en su país; el problema es cuando no las cumplen”, subrayó.

En el caso del IMCP, señaló que tiene 22 mil socios en 60 colegios y 38 delegaciones, y en cada una de las cuales tiene instalada una junta de honor, en la cual se reciben las denuncias que presenten los contribuyentes o la autoridad fiscal en contra de algunos de sus agremiados.

Cuestionada si a la fecha alguno de los 22 mil socios del IMCP ha sido señalado de haber realizado alguna planeación fiscal agresiva vinculada a los “Papeles de Panama”, Hervert Sáenz sostuvo: “No se ha presentado ni denuncias por parte de las autoridades ni por parte de los contribuyentes”.

Indicó que en caso de que el Instituto conozca de alguna denuncia, sancionará cualquier mala actuación de sus contadores públicos agremiados de acuerdo con su código de ética, ya sea con una amonestación privada, su expulsión y la pérdida de su cédula profesional.

No obstante, acotó, el Código Fiscal de la Federación prevé sanciones penales para los asesores de contribuyentes en prácticas indebidas en el tema fiscal las cuales, dependiendo del monto defraudado, pueden ser pecuniarias (económicas) o corporales, es decir, prisión.

Sin embargo, insistió, no todos los contadores públicos están afiliados al IMCP, ya que en todo el país hay más de un millón 500 mil profesionistas, de los cuales solo 22 mil son socios de esta agrupación y “nosotros podemos responder de la actuación de todos nuestros asociados”.

La presidenta nacional del IMCP expuso que relevación de personas o empresas mexicanas que han usado estructuras o empresas constituidas en países de baja imposición fiscal o “paraísos fiscales” es resultado de la filtración de datos periodísticos a través de los llamados “Papeles de Panamá”, por lo cual “no es una fuente de investigación legal”.

Ante ello, abundó, estos datos no pueden usarse para un juicio en México, como está previsto en el artículo 20 de la Constitución, el cual establece que toda la información que se obtenga de manera ilegal no podrá tener validez legal en un juicio.

Sin embargo, aclaró que lo anterior si dio pie a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el ejercicio de sus facultades de comprobación, iniciara la verificación de esos flujos de efectivo que cualquier ciudadano puede tener fuera del país.

“El que estén fuera del país no necesariamente significa que sean ilegales, pero lo que hay que demostrar es el origen lícito”, abundó.

Por ello, el SAT ya investiga a más de 296 personas físicas y morales cuyos nombres fueron relevados en los “Papeles de Panamá”, y si no recibe una respuesta fehaciente del origen lícito de esos recursos, tendría que hacer las denuncias penales correspondientes a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Según informó, las sanciones administrativas en contra de estos contribuyentes serían el pago multas en las cantidades establecidas por la propia ley, mientras que las penales por este tipo de delitos fiscales van de tres meses a seis años de prisión no conmutable.

Los contribuyentes que sean sujetos a estos procesos tienen el derecho de defenderse ante las instancias judiciales, pero primero hay que esperar el resultados de la investigación, la cual tiene que hacerse pública, según la nueva Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor el pasado 10 de mayo, añadió.

Con información de Agencias

 

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