La magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros aseguró que todos los funcionarios que se han negado a acatar la determinación de un juez federal para reinstalar a los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, deben ser sancionados e incluso podrían ser sujetos a un proceso penal por desacato.
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros aseguró que todos los funcionarios que se han negado a acatar la determinación de un juez federal para reinstalar a los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, deben ser sancionados e incluso podrían ser sujetos a un proceso penal por desacato.

Deben aplicarse sanciones si persiste desacato en Veracruz: magistrada Yolanda Castañeda

Los diputados de la LXV Legislatura y la titular del Poder Judicial tienen responsabilidad en la no reinstalación de los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero.

 


XALAPA, Veracruz, 22 de septiembre, (CARLOS MANUEL PELÁEZ – CORRESPONSAL / CDMX MAGACÍN).–La magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros aseguró que todos los funcionarios que se han negado a acatar la determinación de un juez federal para reinstalar a los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, deben ser sancionados e incluso podrían ser sujetos a un proceso penal por desacato.

En ese sentido, señaló que tanto los diputados integrantes de la LXV Legislatura como la titular del Poder Judicial del Estado, Sofía Martínez Huerta tienen responsabilidad en este asunto, pues pese a tener pleno conocimiento de la existencia de juicios de amparo por parte de los afectados avalaron su destitución y el nombramiento de sus sustitutos.

Lo anterior derivado de la aplicación de la reforma constitucional mediante la cual se destituyó a los togados al cumplir 70 años de edad, a pesar de que dicha modificación a la ley fue aprobada de manera posterior a su designación, razón por la cual no podría aplicárseles de manera retroactiva.

 

“Los jueces a nosotros como autoridades nos dicen que cumplamos con las sentencias y se tiene un plazo legal. Les dieron tres días, plazo que se venció y no se acató la determinación, por lo tanto, podrían aplicarse penas como la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público o ser separados del cargo.”

 

Castañeda Palmeros afirmó que si bien ha existido una omisión por parte del Poder Legislativo, a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado les preocupa el que la propia magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Sofía Martínez Huerta no solo haya avalado este tipo de situaciones, sino que además no esté preocupada por defender a los magistrados, esto a pesar de que en el pleno del Consejo de la Judicatura se han tomado acuerdos en ese sentido, mismos que han sido ignorados.

De igual manera, criticó el que Sofía Martínez haya sido designada como titular del Poder Judicial pues dijo que no cuenta con la trayectoria que se requiere para ocupar dicho espacio, además de que su comportamiento ha sido en pro de los intereses del gobierno en turno y no de la legalidad.

“Esta persona nunca ha sido juez y no ha tenido el compromiso de cumplir amparos, además de que la Ley de Transparencia establece que todos los funcionarios públicos deben informar su trayectoria judicial y en este caso la señora no ha presentado su currículum. En la ley Orgánica del Poder Judicial se establece en EL artículo 41 qué es la carrera judicial y esta comienza desde el cargo de actuario, secretario de juzgado hasta llegar a ser juez de primera instancia y después magistrado, no se está cumpliendo por parte de ella la carrera judicial”, puntualizó.

 

“La presidenta del Tribunal sí ha incumplido acuerdos”

Yolanda Castañeda criticó el que la magistrada presidenta pretenda deslindarse de la situación que se ha derivado del incumplimiento de la sentencia del juez al asegurar que únicamente es responsabilidad de los diputados, argumentando también que no ha recibido la instrucción de reinstalar a los magistrados, cuando existe una determinación que les fue notificada de manera oportuna.

De igual manera, afirmó que a pesar de que ante los medios de comunicación la magistrada Martínez Huerta negó la existencia de un acuerdo para presentar una controversia constitucional en contra de la aplicación de la reforma que establece los 70 años de edad como límite para desempeñar el cargo de magistrado, este acuerdo se tomó en una sesión con fecha 13 de Julio y se ratificó el pasado 5 de agosto, sin embargo, de manera unilateral decidió no presentar el trámite.

“Todos los presidentes deben cumplir con los acuerdos del pleno, ha sido una persona que se ha escondido, anda jugando a las escondidas para no cumplir con las decisiones del pleno. Se trata de un acuerdo plenario, incluso ella fue la que lo sugirió. Tengo 48 años de trabajar en el Poder Judicial y es la primera vez que veo que no se quiere cumplir un amparo, los amparos se cumplen porque es una orden”, enfatizó.

Finalmente, dijo que espera que el Congreso local a través de su presidente, Rubén Ríos Uribe y el titular de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín rectifiquen la postura del legislativo y hagan valer el estado de derecho.

 

“Tengo 48 años de trabajar en el Poder Judicial y es la primera vez que veo que no se quiere cumplir un amparo, los amparos se cumplen porque es una orden.”

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