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Cerca de 8,000 “empresas patito” de seguridad emplean a personas con antecedentes penales

•             Seguridad privada es un negocio que vale 12,000 millones de pesos anuales que compite con 8,000 empresas “patitos” itinerantes

•             Los elementos de Cusaem, sin entrenamiento, atropellan, vejan y matan.

Ciudad de México a 15 de Mayo  (JUAN R. HERNÁNDEZ/CÍRCULO DIGITAL).- Existen 8,000 empresas de seguridad privada en México que tienen personal sin experiencia ni habilidades, operan de forma irregular y sin registros ante la Secretaría de Seguridad Pública Federal o que ostentan documentos apócrifos o incompletos, denuncia el autor de Cómo poner un alto a la inseguridad en México, Alejandro Desfassiaux.

Existen 480,000 guardias que trabajan para esas compañías patitos “y es muy probable que entre sus filas estén desertores: ex policías municipales, estatales o federales, que han sido dados de baja en los últimos cinco años por incapacidades físicas, psicológicas u operativas, o personas con antecedentes penales”, dice el también Presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

“En las sociedades donde impera el hampa y se les da carta libre a las empresas de seguridad privada patitos, se acepta de facto la violación a los derechos humanos y el que personas sin preparación ni ética gobiernen empresas, colonias, centros comerciales, de espectáculos y salas de arte”, dice el autor que creó cinco propuestas para la tranquilidad de la ciudadanía.

En las compañías de seguridad privada no reguladas, comenta, el 97% del personal proviene de policías dados de baja en sus corporaciones por malas prácticas, pero también  elementos del ejército desechados e incluso delincuentes comunes.

En contraste, el también Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial dice que hay 3,977 empresas legales de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad. Estas compañías trabajan de manera profesional, invierten en tecnología, instalaciones y capacitación dirigida específicamente a las necesidades de sus clientes y tienen mayores controles sobre su personal”, menciona Desfassiaux.

Además de las 8,000 compañías “patitos”,  las compañías de seguridad privada legales tienen otra competencia desleal:  las policías complementarias como la policía auxiliar y la policía bancaria, que operan en cada estado de la República, así como los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) que operan a nivel nacional.

“Cusaem es una empresa privada de seguridad que opera con carácter público, no cuenta con un sistema de certificación de elementos, no paga impuestos, casi todos sus contratos son por adjudicación directa y presenta sobreprecios en sus servicios”, refiere el autor de Cómo poner un alto a la inseguridad en México.

La competencia desleal y monopólica de todas estas policías “se genera porque no ofrecen a sus elementos las mismas prestaciones que la seguridad privada (IMSS, INFONAVIT, ISSSTE), pero tampoco entregan las prestaciones mínimas de ley”, refiere el autor.

El negocio de la seguridad privada en México vale 12,000 millones de pesos anuales y está en las cajas particulares de los gobernadores locales sin que exista ningún control. “Es decir, Cusaem cobra por sus servicios a particulares , pero nunca reporta sus ganancias”, comenta Desfassiaux.

Pero más allá de que es una policía que se niega a transparentar su funcionamiento, y operar sin control ni ley, es una corporación proclive al abuso.

“Maltratan a quien quieren y cómo quiere. Desconocen el estado de Derecho. Vejan a diestra y siniestra, le cierran el paso a otros conductores, retienen  indefinidamente a quien quieren en los centros comerciale o de espectáculos,  golpean a quien pretende entrar a un reciento con aliento alcohólico o sólo porque los mal miraron. Son guaruras con licencia para matar”, sintetiza Desfassiaux.

Sería deseable que el presidente que resulte electo en julio establezca un control eficaz de esas policías complementarias y las devuelva a su verdadera función de seguridad pública, es decir, que todos sus elementos vuelvan a servir al ciudadano y no a particulares.

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