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Aprueba propuestas para denunciar abuso sexual y combatir trabajo y maltrato infantil

Ciudad de México a 10 de Diciembre (JUAN R. HERNÁNDEZ /MENSAJE POLÍTICO/ CÍRCULO DIGITAL).-La Comisión de Derechos de la Niñez, presidida por la diputada Cristina García Bravo (PRD), aprobó por unanimidad siete puntos de acuerdo para fortalecer e impulsar la protección de niñas, niños y adolescentes en México, a fin de denunciar el abuso sexual y combatir el trabajo y maltrato infantil.

García Bravo resaltó la necesidad de reactivar y analizar todas las proposiciones de los legisladores para fortalecer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Expresó su solidaridad por las causas de la infancia.

Indicó que los siete puntos de acuerdo avalados se remitirán a la Mesa Directiva, para continuar su proceso legislativo y sean presentados al Pleno cameral.

Destaca la propuesta de la diputada María Soledad Sandoval Martínez (PRI), para que la Procuraduría General de la República fortalezca los mecanismos de denuncia en caso de abuso sexual de menores, debido a que son un sector altamente vulnerable.

 “Como legisladores somos responsables de proteger y reforzar los derechos de los menores, porque violentan sus derechos. En Chiapas el índice de trabajo infantil y explotación sexual aumentan”, apuntó.

Sandoval Martínez afirmó que el desafío aún es enorme; exige construir políticas públicas que amplíen las posibilidades de denuncia en caso de maltrato y abuso infantil, lo que permitirá reconocer con precisión su magnitud, para dar atención a las víctimas.

Presentó también otro punto de acuerdo, para reforzar las políticas públicas y la aplicación de los tratados internacionales, a fin de erradicar el trabajo infantil en el país; de acuerdo a reportes oficiales, nueve de cada 10 niñas y niños, de entre 5 a 17 años, realizan actividades laborales no permitidas.

Resaltó la necesaria intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ante las jornadas laborales que realizan los menores por violar sus derechos humanos fundamentales, entorpecer su desarrollo y producir daños físicos y psicológicos para toda la vida.

 “Es urgente continuar el combate al trabajo de menores; la prevención es el mejor instrumento para erradicar este mal. Salvaguardar los derechos humanos de los adolescentes trabajadores es una tarea que no se puede postergar, se requiere participación conjunta de los gobiernos federal, estatal y municipal con los sectores social y privado”, sostuvo.

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) resaltó la importancia de los puntos de acuerdo impulsados por los legisladores con visión de promoción de apoyo a la niñez, son un llamado del Congreso a los diferentes sectores gubernamentales para que atiendan temas urgentes que afectan a la sociedad.

Lamentó que todavía existan algunos sectores que consideran el trabajo infantil como una actividad que puede ser tolerada como jornaleros en Chiapas, en Sinaloa o Baja California, tanto para migrantes como mexicanos, ante la pobreza y necesidad de contribuir a la manutención familiar.

La priista Julieta Fernández Márquez refirió la grave situación del trabajo infantil; los niños deben estar en la escuela desarrollando sus capacidades en lugar de laborar. Se observa ausencia de niños indígenas en las escuelas porque trabajan, sólo las niñas acuden. Esto tiene que cambiar y por ley los padres deben protegerlos. “Unicef y la ONU han exhortado a México a atender esta problemática porque no tiene las políticas necesarias para erradicarla, pese a ser un asunto muy serio”.

Advirtió que no son asuntos políticos, sino sociales. Se corre el riesgo de perder a la próxima generación por prevalecer este fenómeno; debe romperse la inercia de obligar al niño a laborar para completar la manutención familiar.

Sobre el abuso infantil, dijo que el 63 por ciento de las niñas, niños y adolescentes son violentados en sus hogares.

Por Encuentro Social, la legisladora Norma Edith Martínez Guzmán señaló que todos los esfuerzos para visibilizar el abuso sexual infantil deben fortalecerse; hoy día existen 25 millones de víctimas de este delito en México.

 “Cifra desastrosa que debe mover la conciencia para discutirlo y generar soluciones reales, porque no es un problema de hoy, sino que se arrastra y exige resolverlo”.

Asimismo, los integrantes de la instancia legislativa avalaron la propuesta del diputado Alfredo Bejos Nicolás (PRI), relativa a que la secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dé a conocer los avances sobre los lineamientos para la evaluación de las políticas para esta población, así como de las directrices que se implementaron para la asignación de recursos suficientes en los presupuestos de los integrantes del sistema.

También apoyaron que los municipios y entidades federativas implementen e institucionalice mecanismos de expresión y participación de menores a través de los parlamentos infantiles, con el propósito de brindar espacios para la intervención activa en los asuntos de su interés.

Otro punto de acuerdo, presentado por la diputada Lorena Corona Valdés (PVEM), refiere la necesidad de que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y los sistemas estatales, intensifiquen campañas que promuevan los derechos de la infancia e implementen programas contra el maltrato de menores.

Los integrantes de la instancia legislativa aprobaron la propuesta para que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y las dependencias de la administración pública federal, “redoblen esfuerzos para atender las necesidades de salud, educación y vivienda de las niñas, niños y adolescentes afectados por los sismos de septiembre pasado”.

Además, para que las secretarías de Salud y Educación Pública incrementen las acciones para dar atención psicológica a los menores en esa condición. Este punto de acuerdo fue presentado por diputadas de Morena.

Las diputadas de Nueva Alianza Mirna Isabel Saldívar Paz y Angélica Reyes Ávila indicaron la necesidad de que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los sistemas estatales, a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las procuradurías de las entidades federativas, realicen inspecciones y supervisión periódica a los Centros de Asistencia Social y en términos de sus facultades, ejerciten las acciones legales conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La priista Aurora Cavazos Cavazos reconoció el trabajo conjunto en pro de la niñez sin visiones partidarias poniendo por encima el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, para favorecer a un grupo social que es vulnerable ante muchos problemas.

Por otra parte, Hernández Soriano (PRD) propuso instalar una mesa interinstitucional entre el gobierno federal y la Cámara de Diputados, para evaluar los avances de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a tres años de vigencia.

Además, analizar los temas que más impactan a esta población y que requieren incluirse en el marco jurídico, porque todavía existe una agenda legislativa pendiente en México para atender a la niñez.

Del PVEM, la legisladora Daniela De Los Santos Torres se sumó a defender los derechos de los infantes y a que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) eficientice su atención.

La diputada del PAN, Jacqueline Nava Mouett, invitó a legisladores, trabajadores y público en general a participar en un maratón que se realizará en Tijuana, Baja California, el próximo 17 de diciembre, cuyo propósito es recaudar fondos para apoyar a 51 niños huérfanos, que perdieron a sus padres en los sismos de septiembre pasado.

Pidió el patrocinio de kilómetros de la carrera y se recauden fondos para atender las necesidades básicas de estos infantes a través de una asociación civil. “Son temas difíciles en cuestión de presupuesto, por lo que debe buscarse otras alternativas y la convocatoria está abierta”, indicó.

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