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Señalan diputados avances y retos en materia de seguridad, DH, justicia y combate a la corrupción, en glosa de Quinto Informe de Gobierno

Ciudad de México, 13 de Septiembre (CÍRCULO DIGITAL ).-Diputados de los ocho grupos parlamentarios señalaron avances y retos del Ejecutivo federal en cuanto a seguridad, derechos humanos, procuración de justicia y combate a la corrupción, durante la glosa del Quinto Informe de Gobierno en materia de política interior.

A nombre de su grupo parlamentario, ocho legisladores expusieron sus posicionamientos, en una primera ronda de participaciones, respecto al análisis del Quinto Informe de Gobierno, que el Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión, el pasado 1 de septiembre.

La diputada Erika Lorena Arroyo Bello (PRI) hizo un breve recuento de los avances que se han registrado durante la presente administración federal en materia de seguridad, justicia democrática y derechos humanos, y reconoció que “aún falta (por hacer), pero tampoco podemos negar que ha habido avances”.

Refirió que se ha neutralizado a 107 de los 122 delincuentes más peligrosos, ha disminuido la incidencia de delitos del fuero común por cada 100 habitantes, se puso en marcha la implementación del nuevo sistema penal acusatorio y el Sistema Nacional Anticorrupción, además de impulsar el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, entre otros aspectos.

Sobre los pendientes, mencionó la necesidad de aprobar una legislación en materia de seguridad interior, que brinde certeza a los ciudadanos y encauce la acción de las Fuerzas Armadas; seguir trabajando para prevenir y sancionar la violencia política de género y sobre la asistencia eficaz y oportuna a las víctimas, entre otros.

La diputada Patricia Sánchez Carrillo (PAN) afirmó que la administración del presidente Enrique Peña Nieto no ha cumplido con su deber de garantizar las condiciones necesarias para vivir en paz, el combate frontal a la corrupción, el respeto a los derechos humanos y la procuración de justicia.

Enfatizó que para la bancada del PAN, el gobierno de la República “ha fallado” en dichos rubros, y lejos de atender los reclamos de la sociedad, ha preferido una política de no involucramiento con las organizaciones civiles que continúan exigiendo mejores condiciones de seguridad en el país.

La legisladora hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal, “quienes, a pesar de estrategias equivocadas y a la implementación de políticas públicas insuficientes del actual gobierno, han cumplido en la medida de lo posible con su deber de hacerle frente a la delincuencia”.

El diputado Erik Juárez Blanquet (PRD) también cuestionó los resultados del gobierno federal en materia de combate a la corrupción e inseguridad, y afirmó que se registran enormes retrocesos en materia de respeto a los derechos humanos, por grotescos casos de tortura y abusos cometidos por elementos policíacos y de las Fuerzas Armadas.

“Hoy México vive la mayor crisis humanitaria por la violencia y del abierto reto a las instituciones por el crimen organizado y el narcotráfico en vastas regiones de nuestro país, así como por la interminable lista de casos de corrupción y de impunidad que ponen a su gobierno en la más absoluta falta de legitimidad”, manifestó.

El legislador perredista convocó a todas las bancadas a lograr “un acuerdo político mínimo para sentar las bases de un verdadero México en paz, con un sólido Estado democrático, social, de derecho, igualitario y justo”.

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas (Morena) sostuvo que las reformas estructurales no se materializarán si no se combate a fondo la corrupción, y “desafortunadamente el sexenio de Peña Nieto es el más corrupto e impune de toda la historia de México”.

En materia electoral, aseveró que la corrupción mantiene secuestrado al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los tribunales electorales, mediante un sistema de reparto de cuotas partidarias.

“El INE ha demostrado que carece de independencia para organizar y conducir el proceso electoral presidencial de 2018, con un órgano electoral al servicio del gobierno, la democracia vuelve a estar en riesgo, estamos retrocediendo”, señaló.

El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PVEM) señaló que el gobierno de la República ha llevado a cabo una política interior sustentada en el diálogo y la construcción de acuerdos como medios indispensables para fortalecer las condiciones de gobernabilidad democrática, escuchando a todos los actores sociales y políticos.

Llamó a dejar de lado los intereses personales o de grupo para sólo pensar en el bienestar del país, y así evitar situaciones de parálisis o de polarización, “no podemos trabajar con base a consignas electorales o a frentes coyunturales que han sido pensados para impulsar un interés de una sola persona”.

La diputada Candelaria Ochoa Ávalos (MC) calificó la política interior del gobierno federal como “desatinada”, al afirmar que no está velando por el bien común de la población y tampoco está priorizando temas sensibles como el combate a la corrupción y el respeto de los derechos humanos.

“La política interior no está dirigida a combatir las prácticas corruptas. La Secretaría de la Función Pública no actúa y la Procuraduría General de la República está pasmada y se queda quieta ante los casos de corrupción”, apuntó.

Indicó que lo avances en materia de derechos humanos y seguridad pública siguen pendientes, y anunció que su bancada no avalará la Ley de Seguridad Nacional, “que pretende militarizar el país”.

El diputado Carlos Gutiérrez García (NA) afirmó que en materia de seguridad “no se ha conseguido consolidar la paz en muchas regiones de nuestro país”, ya que la tasa de homicidio doloso se incrementó en 18.4 por ciento; y 61 por ciento de estas muertes se cometieron con un arma de fuego.

“Es urgente revisar las acciones que se han realizado en esta materia y valorar si los recursos destinados a garantizar la seguridad de la población han sido invertidos de forma adecuada”, señaló.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES) resaltó la importancia de señalar el énfasis que se ha puesto en aplicar la reforma constitucional en derechos humanos.

Sin embargo, aclaró que “su implementación y la presión hacia el cumplimiento de criterios no vinculantes de derecho internacional no será una buena noticia si antes no es claramente definida la naturaleza y fuente de los derechos humanos”.

También dijo que en este tema existe una profunda deuda con los mexicanos, “que queriendo hacer uso de su derecho a la vida, a la seguridad, a vivir en paz, se han encontrado con que sus hijos están desaparecidos o han sido violentados”.

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