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Peña debe aclarar si en verdad quiere la eliminación del pase automático a Fiscal General: Fernando Herrera 

  • Hay contradicciones entre el Gobierno federal y los senadores priistas sobre el tema, sostuvo.

Ciudad de México a 04 de septiembre (Círculo Digital). – A contracorriente del Ejecutivo federal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de la Unión se niega a dictaminar y votar la iniciativa de reforma constitucional para impedir el “pase automático” de Procurador General de la República a Fiscal General, afirmó el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera Ávila.

“Senadores y diputados priistas deben tomar la palabra al Secretario de Gobernación, quien declaró este sábado que no existe intención de imponer al procurador general Raúl Cervantes, y que, tan es así, que ahí está la iniciativa del Presidente de la República para eliminar el llamado pase automático”, dijo.

Herrera Ávila observó que la afirmación del Secretario de Gobernación se contrapone a la declaración que hizo el jueves pasado el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, quien aseguró ante periodistas que la iniciativa presidencial no es una prioridad para su bancada.

“Hay una engañifa en todo esto; un doble discurso del Gobierno federal y del PRI, cuyo interés de fondo es imponer a los mexicanos un fiscal general a modo, que le cuide las espaldas a todos los funcionarios corruptos de la presente administración”, aseveró.

El legislador por Aguascalientes consideró que el Ejecutivo federal debe aclarar a los mexicanos si en verdad quiere la eliminación del pase automático a fiscal general o sólo envió al Congreso de la Unión una iniciativa para acallar las protestas del momento.

El senador recordó que en noviembre pasado, el Ejecutivo federal envió al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 102 constitucional (en su transitorio 16), para eliminar la posibilidad de que el titular en funciones de la Procuraduría General de la República se convierta en automático en fiscal General de la República por 9 años.

En el documento, el Ejecutivo reconoció, en ese entonces, que la iniciativa respondía a las distintas inquietudes relacionadas con el transitorio constitucional, manifestadas tanto por legisladores, organizaciones sociales y académicas.

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